Política española, pionera de la militancia feminista . Procedente de una familia modesta, estudió la carrera de Derecho al mismo tiempo que trabajaba, y se licenció en la Universidad de Madrid en 1924. Al tiempo que ejercía su actividad como abogada, sus inquietudes políticas le llevaron a aproximarse a los socialistas y a fundar una Asociación Femenina Universitaria.
Con el advenimiento de la Segunda República (1931), obtuvo un escaño de diputada por Madrid en las listas del Partido Radical. Formó parte de la Comisión constitucional, destacando en la discusión que condujo a aprobar el artículo 36, que reconocía por vez primera el derecho de voto a las mujeres.
Los gobiernos de la República le confiaron otros cargos de responsabilidad, como la vicepresidencia de la Comisión de Trabajo, la dirección general de Beneficencia, la participación en la comisión que preparó la reforma del Código Civil o la presencia en la delegación española ante la Sociedad de Naciones. También fundó una organización llamada Unión Republicana Femenina.
No consiguió renovar su acta de diputada en las elecciones de 1933. Y abandonó España en 1938, ante la inminente victoria del alzamiento de los militares reaccionarios; el subsiguiente régimen de Franco no le permitió regresar al país, de manera que permaneció exiliada, primero en Argentina, y, desde 1955 hasta su muerte, en Suiza.
Fue una gran valedora de la igualdad de derechos de la mujer, en cuya defensa publicó numerosos escritos (como El derecho femenino en España de 1936, o La situación jurídica de la mujer española de 1938)
(Santa Eulalia de Sorriba, España, 1723-Madrid, 1803) Político, economista e historiador español. Nacido en el seno de una familia hidalga venida a menos, su madre, al enviudar, hubo de confiarlo a un tío suyo, un canónigo de Oviedo, quien se hizo cargo de su educación. Cursó estudios de filosofía, griego y árabe en Santillana del Mar, en cuya colegiata dio muestras de gran precocidad, y así, a los diez años tradujo fragmentos de Ovidio; poco después, siendo todavía un adolescente, se estableció como profesor.
Años después, se trasladó a Oviedo y Sevilla, en donde estudió leyes, y a los diecinueve años se mudó a Madrid para trabajar como abogado. En 1747 publicó Disertaciones históricas del orden y caballería de los Templarios, cuya erudición le valió el ingreso, al año siguiente, en la Real Academia de la Historia. Entre 1751 y 1754 trabajó en un estudio sobre los concilios celebrados en España, que publicó en el tomo segundo de las Memorias de la Academia.
En 1755 obtuvo el puesto de director general de Correos y Postas, y en 1762 Carlos III lo nombró ministro de Hacienda, cargo desde el cual introdujo una amplia serie de medidas encaminadas a la reforma de la economía española. Entre ellas, cabe destacar la regulación del libre comercio (1765), la prohibición de que los religiosos desempeñasen cargos judiciales o administrativos, la suspensión de los conventos no autosuficientes y las disposiciones para frenar el aumento de los bienes catalogados como «manos muertas», capítulo que abordó en la obra Tratado de la valía de amortización (1765).
Bien recibida por el conjunto de la clase política del momento, su actuación al frente del Ministerio de Hacienda encontró siempre la oposición de la clase eclesiástica, temerosa, con fundada razón, de las intenciones de Campomanes, convencido de la necesidad de entregar a agricultores no propietarios las tierras de la Iglesia sin cultivar. En este sentido, creyó que el crecimiento económico de España pasaba por el desarrollo de la agricultura, por lo que logró que el monarca estableciera subsidios para las zonas agrícolas más desfavorecidas. Además, liberó el comercio y la agricultura de los impuestos que impedían su crecimiento y decretó el establecimiento de la libre circulación de los cereales.
En 1766, tras los acontecimientos políticos derivados del motín de Esquilache, el Conde de Aranda, su más fiel aliado en política de Estado, le encargó la elaboración de un informe para depurar responsabilidades, las cuales recayeron en los jesuitas, que fueron expulsados del país en abril de 1767. Aquel mismo año, junto con Olavide y el propio Aranda, organizó la colonización de Sierra Morena y escribió la Instrucción para las nuevas poblaciones de Sierra Morena y fuero de sus pobladores, obra en la reflexionó sobre las reformas agrarias que a su juicio deberían aplicarse al conjunto del campo español, tales como el reparto de tierras entre pequeños propietarios, la necesidad de compatibilizar ganadería y agricultura y la imposición por ley de arrendamientos a largo plazo.
Si bien desempeñaba el cargo interinamente desde 1783, en 1786 fue oficialmente nombrado presidente del Real Consejo de Castilla, y en 1789 abrió las Cortes españolas, en las cuales intentó que se restableciera la ley que permitía reinar a las mujeres, sin éxito, pues a la postre el monarca no publicó la correspondiente pragmática.
Tras la subida al trono de Carlos IV, Campomanes perdió influencia en los asuntos de Estado, sobre todo debido al favoritismo del nuevo soberano por el conde de Floridablanca. Éste, a su vez, lo destituyó de todos sus cargos en 1791, oficialmente debido a la imposibilidad de Campomanes de desempeñar sus obligaciones a causa de su acusada ceguera. Tras la destitución, se dedicó a recuperar y corregir varias de sus obras inéditas, y si bien conservó su puesto en el Consejo de Estado, su fama de afrancesado le impidió recuperarse políticamente