Político y militar neogranadino. Fue gobernador de Panamá (1792) y de Santa Marta (1797); mariscal de campo en 1802. Representó a la Junta Suprema en España y participó en la Junta que declaró la independencia de Nueva Granada (1811)
(Ramón María Narváez y de Campos, duque de Valencia) Militar y político español (Loja, Granada, 1799 - Madrid, 1868). Segundón de una familia de labradores acomodados de la pequeña nobleza andaluza, ingresó en el ejército con sólo quince años. Durante el Trienio Constitucional (1820-23) se decantó por los partidarios del liberalismo y tuvo un papel destacado en la lucha contra la sublevación absolutista de la Guardia Real de Madrid (1822). Ello le obligó a retirarse del ejército cuando la invasión de los «Cien mil hijos de San Luis» restableció a Fernando VII como rey absoluto.
Muerto el rey diez años más tarde, Narváez se reincorporó al ejército y defendió la causa del liberalismo y el Trono de Isabel II en la Primera Guerra Carlista (1833-40). Ascendió rápidamente por los éxitos obtenidos en los frentes del Norte (batallas de Mendigorría, 1835 y Arlabán, 1836), el Maestrazgo, Andalucía y La Mancha; pero en esas campañas se fue enconando también su rivalidad personal con Espartero, que habría de degenerar en enfrentamiento político desde 1838.
La persecución de la que fue objeto por Espartero le obligó a exiliarse en Francia durante la Regencia de éste (1841-43); y, dado que su rival había asumido el liderazgo de la rama progresista de los liberales, Narváez se inclinó hacia la rama conservadora, convirtiéndose pronto en el máximo dirigente del partido moderado. Dirigió la sublevación militar que derrocó a Espartero en 1843 (encuentro de Torrejón de Ardoz), ascendiendo entonces a teniente general y capitán general de Castilla la Nueva.
En 1844 era llamado a formar gobierno, iniciando una serie de siete periodos como primer ministro de Isabel II: 1844-46, 1846, 1847-49, 1849-51, 1856-57, 1864-65 y 1866-68. Impulsó la elaboración de la Constitución de 1845, que se mantuvo vigente hasta 1868; pero también otras muchas leyes importantes, como la reforma fiscal de Mon (1845), el Código Penal (1848) o las reformas administrativas de Bravo Murillo. En suma, conformó el Estado español contemporáneo según la ideología liberal-conservadora de su partido y según su temperamento autoritario: detuvo el proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos, amordazó a la prensa, organizó una Administración centralizada y reprimió los movimientos populares impidiendo tanto el resurgimiento del carlismo (Segunda Guerra Carlista, 1849) como la extensión a España de las revoluciones europeas de 1848.
El gran poder que atribuyó a la Corona en la Constitución de 1845 se vio correspondido con el sistemático otorgamiento de la confianza regia, que encargaba al «espadón moderado» la formación de gobierno con independencia de la voluntad del electorado, permitiendo después la «fabricación» de unas Cortes adictas mediante el fraude electoral; tal tergiversación del sistema político representativo llevó a los progresistas al pronunciamiento militar y a la revuelta popular como únicos medios de acceder al poder, lo que consiguieron en 1854 (contando en parte con el apoyo de Narváez para derrocar a un gobierno ultraconservador de escasa base social).
Narváez se mantuvo apartado de la política activa durante el Bienio Progresista y, tras la caída de Espartero en 1856, regresó estableciendo un sistema de alternancia con un partido de vocación centrista, la Unión Liberal del general O’Donnell. Durante todo el reinado de Isabel II, Narváez representó el principal soporte del Trono, como jefe indiscutible del partido moderado y árbitro entre sus tendencias internas; su muerte en 1868 dejó al partido descabezado y dividido, facilitando el triunfo de la revolución que derrocó a la reina en aquel mismo año. Tras haber contribuido a vencer la resistencia absolutista, implantó una monarquía constitucional inspirada formalmente en los principios liberales, pero la vació en gran parte de contenido con su exagerado autoritarismo y su política conservadora; su legado es, por tanto, ambiguo, como representante político de las oligarquías de notables locales y grandes propietarios que sustentaron su régimen